Reunidos en la tercera edición de Iberseries & Platino Industria, los productores audiovisuales iberoamericanos han hecho frente común contra la iniciativa legislativa uruguaya que despoja a los productores de dicho país de los derechos de propiedad intelectual, al eliminar el cobro por derechos de comunicación pública por la gestión de obras.
Impulsada por el senador oficialista Jorge Gandini, la propuesta legislativa impulsa una reforma de la Ley de Derechos de autor a través de un artículo de la Ley de Rendición de Cuentas a aprobarse durante la primera semana de octubre. En concreto, se propone añadir un inciso al artículo 20 de la Ley 17.616 del 10 de enero de 2003 concretando que “las entidades de gestión colectiva de productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, sólo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagran expresamente en favor de los mismos”.
EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales presente en varios países de Iberoamérica, explicó en una nota de prensa la posición de la institución: “El texto supone un claro menoscabo a los derechos de los productores al excluir la justa retribución por la gestión colectiva, puesto que los productores representan derechos exclusivos y no de remuneración".
Así, explica EGEDA, esta reforma “expropia derechos de propiedad intelectual a los productores, beneficiando a los usuarios de los derechos que explotan obras audiovisuales y que pretenden, con esta reforma, no tener que pagar los derechos que sí se remuneran en los países en los que se respetan los derechos de propiedad intelectual”.
El tema estuvo presente en la sesión inaugural del mercado Iberseries & Platino Industria, en la que Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y Platino Industria, instó a firmar un manifiesto que circula entre diversos agentes de la industria en defensa de los intereses de los creadores del país sudamericano.
Mientras tanto, en Uruguay, la Comisión Directiva de ASOPROD (Asociación de Productores y Realizadores de Cine) rechazó la incorporación del inciso en la Rendición de Cuentas y declaró en una carta pública enviada a los legisladores del país que el inciso incorporado busca privar a los productores audiovisuales de los derechos de propiedad intelectual sobre sus creaciones, un derecho reconocido por la Constitución y la Ley de Derechos de Autor, al impedirles gestionarlos colectivamente. “Esta medida va en contra de todos los tratados y acuerdos internacionales en la materia que regula la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de la cual Uruguay es miembro desde 1979”, explican en la carta.
Por su parte, EGEDA Uruguay denunció que este artículo beneficia únicamente a los grandes grupos de comunicación de Uruguay y operadores de TV para abonados de Montevideo, que fueron demandados por la institución en 2014 en una instancia que aún está en trámite.