La política audiovisual en el Río de la Plata ha sufrido modificaciones en las últimas semanas, cerrando así sendos conflictos en Argentina y Uruguay que venían inquietando a los respectivos sectores a lo largo del año.
El 27 de octubre, el Senado argentino el proyecto de ley que prorroga 50 años más la asignación de fondos específicos para las industrias e instituciones culturales y el funcionamiento de las bibliotecas populares. El proyecto, impulsado por el diputado Pablo Carro, se aprobó con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.
Este proyecto implica, entre otros aspectos, que el Fondo de Fomento Cinematográfico siga recibiendo financiación directa de los impuestos a las entradas de cine. Esta asignación vencía el 31 de diciembre de este año, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 27.432 del 2017 aprobada por el Gobierno de Mauricio Macri. También se eliminó la caducidad de otros nueve impuestos que afectarían la financiación de otros sectores e instituciones culturales como el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual o el FOMECA, fondo concursable que promueve el fomento a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
Por su parte, unos días antes, en Uruguay se aprobó el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que incluye modificaciones de la Ley de Cine y prevé la creación de una nueva institucionalidad, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU,) en sustitución del Instituto Nacional del Cine y Audiovisual (INCAU).
El proyecto fue aprobado tras diversas negociaciones con parte del sector, que tras conocer la primera propuesta, publicada el 30 de junio, expresó su rechazo en la Asamblea de la denominada Mesa Audiovisual Uruguay ante “la falta de representatividad democrática que expresa el articulado de la Rendición de Cuentas” que “no contempla ni consulta a todas las personas, comunidades, ni los procesos que hacen al cine”.
El nuevo proyecto incorpora algunos de los reclamos realizados por el sector, pero no todos. Entre los elementos que siguen inquietando, el texto amplía el ámbito del fomento al “contenido audiovisual”, entendido como el “resultado de un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento que, resultante de actividades cinematográficas y audiovisuales, pueda ser exhibido en una pantalla, sea a través de salas de cines, tecnología móvil, plataformas, televisión abierta, VOD, gaming o cualquier otra creada o por crearse”; e incluye la obra internacional como destinataria del fomento. Asimismo, elimina garantías que hasta ahora incluía la Ley de Cine, como la libertad de expresión de las obras, la convocatoria de concursos para asignar el Fondo de Fomento cinematográfico, o la protección de la obra nacional en las distintas pantallas.
El texto elimina además la representación del gremio de técnicos y técnicas del Uruguay (Gremiocine) del espacio de participación; una ausencia que, en su comparecencia el pasado 25 de julio la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, atribuyó a un olvido en la redacción, pero posteriormente no se incluyó.
El productor Facundo Ponce de León fue nombrado “asesor honorario para el proceso de creación de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU)” y ya comenzó su actividad a través de diferentes reuniones con el sector. Según la Ley, la transición deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses.